Eliminar información judicial es un riesgo para la transparencia, según PC
Santo Domingo.- El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) expresó su preocupación por disposiciones del proyecto de ley orgánica que regula la libertad de expresión y medios audiovisuales, especialmente aquellas que permitirían eliminar informaciones en procesos judiciales bajo alegatos de difamación o daño a la vida privada.
PC reiteró su apoyo general a la regulación del sector, planteó serias objeciones durante una reunión con la comisión especial del Senado que estudia la iniciativa. La organización solicitó ajustes puntuales para evitar vulneraciones al derecho a la información y a la transparencia institucional.
Entre los artículos más cuestionados está el 59, que permitiría a jueces suprimir datos “difamatorios o injuriosos” en medio de un proceso.
Según la coordinadora de PC, Leidy Blanco, esto es incompatible con la naturaleza de las acusaciones judiciales, que pueden contener afirmaciones incómodas pero necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
También se criticó el artículo 23, que contempla el derecho al borrado de información si se demuestra un daño sustantivo a la vida privada. Aunque exime de este derecho a figuras públicas, PC advierte que los procesos judiciales también deben quedar excluidos, al tratarse de información de interés público.
Otro punto sensible es el artículo 9, que aborda los archivos informativos. PC alertó que esta disposición podría abrir la puerta a presiones sobre periodistas y medios para eliminar contenidos verificados, lo que pondría en riesgo el libre ejercicio del periodismo.
Además de sus observaciones técnicas, el movimiento cívico propuso extender el período de gestión del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) de dos a cuatro años, a fin de garantizar mayor independencia de sus miembros y evitar rotaciones apresuradas.
PC también solicitó la realización de vistas públicas para que diversos sectores sociales puedan debatir la iniciativa antes de su aprobación definitiva. Consideran que una ley de este tipo debe contar con el mayor consenso posible.
La senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la comisión senatorial, aseguró que el proyecto se estudiará artículo por artículo y que están abiertos a recibir sugerencias.
Reiteró que no se pretende “salcochar” la ley, sino construir una normativa sólida y respetuosa de los principios democráticos.
